La financiación del modelo educativo español: Multiplicidad de propuestas

No es mi propósito hacer de esta entrada un análisis exhaustivo de las fuentes de financiación de nuestro actual sistema, pues eso sería quizás, objeto de un estudio más amplio, pero sí una “pequeña fotografía” en términos muy generales, sobre el estado de la cuestión en la actualidad, sus principales carencias (si las hay), y las posibilidades de futuro.

Para ponernos en antecedentes, a finales de la década de los 70 nuestro Estado invertía un equivalente inferior al 2% del PIB en educación, contexto que supone el punto de partida tercermundista a la obligatoriedad de la formación en secundaria, sobre todo si tenemos en cuenta que en aquel momento, ese mismo nivel de exigencia de escolarización obligatoria llevaba varios decenios implantado en el resto de países desarrollados de Europa.

Desde 1978 hasta la actualidad, el número de profesores ha ido creciendo de un modo firme, siendo ahora tres veces más superior que en nuestro punto de inicio, mientras que la media de alumnado por clase ha decrecido hasta la mitad.

Sin embargo, aunque los logros en ese aspecto, han ayudado a reducir el agravio comparativo con el resto de la Europa del primer mundo, debemos indicar en este apartado, que nuestras investigaciones sobre el muy diverso comportamiento financiero de las distintas comunidades autónomas son compatibles con el reconocimiento de su papel en la mejora de la educación. Observamos a su vez, que los cálculos para sumir las competencias educativas fueron deficientes en algunos casos (en Andalucía, sin ir más lejos), y que carecieron de toda previsión de compensación de las diferencias básicas educativas preexistentes a finales de la dictadura. 

 Nuestro actual modelo es, por tanto descentralizado. Y desde 1981 hasta el año 2000, las autonomías han ido asumiendo las funciones, servicios y recursos tanto en materia de educación no universitaria como universitaria. De esta forma, las competencias han quedado distribuidas entre el Estado (que se encarga de garantizar la igualdad de condiciones y la homogeneidad), las CCAA, las administraciones locales y los centros. Las regiones se ocupan de desarrollar las normas estatales y de regular aspectos no básicos del sistema, así como de la gestión territorial, sin interferir con el Estado. Y regulan entre el 35% y el 45% de las enseñanzas que se imparten. 

Nuestro gobierno parece empeñado en engañarnos, asumiendo que el gasto público en educación en relación al PIB de otros países como Alemania es superior. La trampa es doble: Partíamos de una situación predemocrática en desventaja y que aún pesa treinta años después; y por otra parte, no se molestan en explicar, que cuando comparamos el PIB de uno y otro país en relación a su número de habitantes, la inversión cuantificada en euros, es infinitamente mayor en Alemania.

El principal problema en nuestra opinión, surge de dos apartados:

-          Una posición inicial desigual respecto a los recursos económicos distribuidos entre las diferentes Comunidades Autonómicas, que induce a pensar, si comparamos las cifras con los resultados académicos por comunidades, que es una situación arrastrada en la que desde gobierno, ninguna de las reformas parece haber acudido a la raíz del problema.

-          Dichas Comunidades han cumplido con su parte de funciones delegadas hasta dónde ha sido posible, pero careciendo de los medios suficientes (entendiéndose por medios recaudatorios), para hacer frente a los desafíos que se plantean en el futuro, y que la nueva ley educativa no tiene previsto resolver.

Concluimos por tanto, que nuestro actual modelo recaudatorio es ineficiente, en la medida en que no responde a los actuales cambios demográficos, pues el principal fallo es el marco legislativo general, que parece haber olvidado administrar correctamente la inversión y las subvenciones estatales.

El siguiente paso lógico en un modelo que desde que es democrático, ha tenido siempre que enfrentarse a las diferentes reformas bajo una evidente falta de empréstito para llevar a cabo las medidas planteadas pasa por un eficiente desarrollo del título II de la LOE. 

Nuestra excesiva sobreburocraticación es un problema que alcanza magnitides gigantescas a la par que absolutamente ridículas, que esconde algo tan sencillo como poca voluntad de invertir, y un ineficiente modelo recaudatorio.

Algunas de nuestras propuestas son:

-         Dado que las principales diferencias educativas en España arrancan de la dictadura y no son producto del Estado de las Autonomías, debe existir un decidido esfuerzo en su nivelación.

-       Necesitamos una Ley de Financiación que establezca plazos para la dotación de recursos a las comunidades históricamente agraviadas. Dicha ley deberá ser avalada por las Administraciones Públicas Autónomas.

-       La actual inversión en educación dista un 20% sobre la media educativa de los países de la unión, es necesario mayor esfuerzo en ese sentido.

-       Para aproximar las medias de inversión de las comunidades autónomas a la propia media nacional, es necesario negociar mecanismos de financiación a nivel local y autonómico en el siguiente paso lógico de nuestro actual modelo de Estado. Sobre todo si tenemos en cuenta que las entidades locales parecen estar asumiendo cada vez más competencias relacionadas con la educación y la formación, y que por tanto, parece que nuestro futuro pasa por analizar con la Confederación Española de Municipios y Provincias un nuevo marco de medidas de colaboración, cuando no directamente, con fines recaudatorios por lo menos hasta dónde nuestra actual legislación lo permita.

-       Estas inversiones deben estar destinadas a dar prioridad al gasto en Educación Primaria y Secundaria, dónde la media de inversión en términos comparativos de PIB en la UE, es un 25% superior a la española.


Hugo Gil