No es mi propósito hacer de esta
entrada un análisis exhaustivo de las fuentes de financiación de nuestro actual
sistema, pues eso sería quizás, objeto de un estudio más amplio, pero sí una “pequeña fotografía” en términos muy generales,
sobre el estado de la cuestión en la actualidad, sus principales carencias (si
las hay), y las posibilidades de futuro.
Para ponernos en antecedentes, a
finales de la década de los 70 nuestro Estado invertía un equivalente inferior
al 2% del PIB en educación, contexto que supone el punto de partida
tercermundista a la obligatoriedad de la formación en secundaria, sobre todo si
tenemos en cuenta que en aquel momento, ese mismo nivel de exigencia de escolarización
obligatoria llevaba varios decenios implantado en el resto de países
desarrollados de Europa.
Desde 1978 hasta la actualidad,
el número de profesores ha ido creciendo de un modo firme, siendo ahora tres
veces más superior que en nuestro punto de inicio, mientras que la media de
alumnado por clase ha decrecido hasta la mitad.
Sin embargo, aunque los logros en
ese aspecto, han ayudado a reducir el agravio comparativo con el resto de la
Europa del primer mundo, debemos indicar en este apartado, que nuestras
investigaciones sobre el muy diverso comportamiento financiero de las distintas
comunidades autónomas son compatibles con el reconocimiento de su papel en la
mejora de la educación. Observamos a su vez, que los
cálculos para sumir las competencias educativas fueron deficientes en algunos
casos (en Andalucía, sin ir más lejos), y que carecieron de toda previsión de
compensación de las diferencias básicas educativas preexistentes a finales de
la dictadura.
Nuestro actual modelo es, por tanto descentralizado. Y
desde 1981 hasta el año 2000, las autonomías han ido asumiendo las funciones,
servicios y recursos tanto en materia de educación no universitaria como
universitaria. De esta forma, las competencias han quedado distribuidas entre
el Estado (que se encarga de garantizar la igualdad de condiciones y la
homogeneidad), las CCAA, las administraciones locales y los centros. Las
regiones se ocupan de desarrollar las normas estatales y de regular aspectos no
básicos del sistema, así como de la gestión territorial, sin interferir con el
Estado. Y regulan entre el 35% y el 45% de las enseñanzas que se imparten.
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| Nuestro gobierno parece empeñado en engañarnos, asumiendo que el gasto público en educación en relación al PIB de otros países como Alemania es superior. La trampa es doble: Partíamos de una situación predemocrática en desventaja y que aún pesa treinta años después; y por otra parte, no se molestan en explicar, que cuando comparamos el PIB de uno y otro país en relación a su número de habitantes, la inversión cuantificada en euros, es infinitamente mayor en Alemania. |
El principal problema en nuestra opinión, surge de dos apartados:
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Una posición
inicial desigual respecto a los recursos económicos distribuidos entre las
diferentes Comunidades Autonómicas, que induce a pensar, si comparamos las
cifras con los resultados académicos por comunidades, que es una situación
arrastrada en la que desde gobierno, ninguna de las reformas parece haber
acudido a la raíz del problema.
- Dichas Comunidades
han cumplido con su parte de funciones delegadas hasta dónde ha sido posible,
pero careciendo de los medios suficientes (entendiéndose por medios recaudatorios),
para hacer frente a los desafíos que se plantean en el futuro, y que la nueva
ley educativa no tiene previsto resolver.
Concluimos por tanto, que nuestro actual modelo recaudatorio es
ineficiente, en la medida en que no responde a los actuales cambios
demográficos, pues el principal fallo es el marco legislativo general,
que parece haber olvidado administrar correctamente
la inversión y las subvenciones estatales.
El
siguiente paso lógico en un modelo que desde que es democrático, ha tenido
siempre que enfrentarse a las diferentes reformas bajo una evidente falta de empréstito
para llevar a cabo las medidas planteadas pasa por un eficiente desarrollo del
título II de la LOE.
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| Nuestra excesiva sobreburocraticación es un problema que alcanza magnitides gigantescas a la par que absolutamente ridículas, que esconde algo tan sencillo como poca voluntad de invertir, y un ineficiente modelo recaudatorio. |
Algunas de nuestras
propuestas son:
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Dado
que las principales diferencias educativas en España arrancan de la dictadura y
no son producto del Estado de las Autonomías, debe existir un decidido esfuerzo
en su nivelación.
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Necesitamos una Ley de
Financiación que establezca plazos para la dotación de recursos a las
comunidades históricamente agraviadas. Dicha ley deberá ser avalada por las
Administraciones Públicas Autónomas.
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La actual inversión en
educación dista un 20% sobre la media educativa de los países de la unión, es necesario
mayor esfuerzo en ese sentido.
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Para aproximar las medias
de inversión de las comunidades autónomas a la propia media nacional, es necesario
negociar mecanismos de financiación a nivel local y autonómico en el siguiente
paso lógico de nuestro actual modelo de Estado. Sobre todo si tenemos en cuenta
que las entidades locales parecen estar asumiendo cada vez más competencias
relacionadas con la educación y la formación, y que por tanto, parece que
nuestro futuro pasa por analizar con la Confederación Española de Municipios y
Provincias un nuevo marco de medidas de colaboración, cuando no directamente,
con fines recaudatorios por lo menos hasta dónde nuestra actual legislación lo permita.
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Estas inversiones deben
estar destinadas a dar prioridad al gasto en Educación Primaria y Secundaria,
dónde la media de inversión en términos comparativos de PIB en la UE, es un 25%
superior a la española.
Hugo Gil
Hugo Gil
